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Gravísimo accionar de la Policía Federal contra un abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y otros jóvenes extranjeros. En un procedimiento arbitrario e ilegal, con agresiones físicas y verbales, xenófobas y discriminatorias, personal policial los golpeó, amenazó y detuvo ilegalmente durante horas.
Fue el viernes 20 de septiembre. Un grupo de jóvenes estaba en Plaza Dorrego y uno de ellos, de nacionalidad paraguaya, intentó ingresar al baño de un local del lugar. Personal de seguridad lo sacó violentamente y en forma inmediata dos policías comenzaron a golpearlo salvajemente, frente a los demás compañeros y gente que pasaba por el lugar.
“No entendíamos absolutamente nada pero sí veíamos la violencia con la que los policías le pegaban, por eso íbamos atrás preguntando por qué lo estaban deteniendo, pegando y llevando, queríamos que nos aclaren eso”, explicó Dante Leguizamón, el abogado de la CPM. En medio del reclamo un oficial empujó a una chica tirándola al piso. Varias personas se sumaron a la protesta por el método brutal de la policía. La violencia de los uniformados no cesó.
Todo empeoró al llegar más policías con patrulleros. Siguieron con la golpiza, llevándose detenido al joven que había intentado ingresar al baño del local. “Con la cachiporra contra el cuello, lo esposan, lo tiran al piso, lo patean y después lo meten en uno de los patrulleros. Mucha gente reclamó a los policías por su brutalidad y lo exagerado del procedimiento, pero no escucharon a nadie”, describió una de las víctimas. Incluso un conductor de un automóvil que cuestionó la forma de proceder, fue trompeado por un policía dentro de su vehículo.
Ante esta situación Dante Leguizamón, abogado e integrante del Comité Contra la Tortura de la CPM, se presentó en la comisaria segunda de San Telmo como abogado solicitando una explicación por la detención de su compañero. El subcomisario a cargo, de apellido Colucchi, lo tomó por el pelo, detrás de la cabeza, y preguntando “¿querés saber qué pasa?” hizo intervenir a otro policía que lo llevó a los calabozos, como también a la chica que lo acompañaba y previamente fue golpeada.
Encerrados, en condiciones de detención precarias, les dieron a leer sus derechos donde agregaron un renglón en el que decía que renunciaban a uno de esos mismos derechos: efectuar una comunicación telefónica. El aparente cumplimiento formal de una práctica legal, desconocida en los hechos y burlada en su aplicación. Permanecieron así más de 6 horas, hasta que se produjo la intervención del fiscal de la PROCUVIN, Dr. Abel Córdoba, y del co-presidente de la CPM Dr. Hugo Cañón, lo que posibilitó la libertad de los jóvenes.
La brutalidad con la que accionó la policía federal, sumado a la comisión de delitos como torturas, privación ilegal de la libertad, armado de causa, discriminación xenófoba, amenazas, es una muestra cabal del accionar represivo e impune de las fuerzas de seguridad, avaladas por las políticas de mano dura que pretenden instalar al “enemigo público” en la figura de los inmigrantes latinoamericanos, como en los jóvenes morochos y pobres.
Ante la gravísima situación de vulneración de derechos humanos, la CPM repudia los hechos denunciados y exige la inmediata separación de los policías federales involucrados, del comisario, subcomisario y demás oficiales que se encontraban de guardia el día 20 de septiembre en la comisaria 2da de San Telmo. Y demanda se inicien investigaciones sumariales respecto a todos los que resulten responsables de la comisión de estos hechos.
El estado de derecho, en una construcción democrática, no puede admitir estas prácticas ni dejar de adoptar drásticas medidas para erradicarlas. Si prevalece la impunidad malos vientos soplaran en relación a los derechos civiles de los habitantes de este suelo argentino.
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