Como soy de la idea que es injusto endilgar culpas con total liviandad cuando se ignoran los detalles, les envío esta nota.
Entre dimes y diretes de jueces, abogados, intendente y demás se pierden varias vidas de ciudadanos inocentes. Y a otros se los condena a enfermedades terminales. Eso no se ve, eso no se sabe pero existe. Cuando leí esta nota de C. Maldonado me pareció algo tan bestial, tan inhumana la manera con que juegan con nuestra salud quienes dicen representarnos que les juro me costó muchísimo reponerme de la bronca y la impotencia que me causó.
Veamos lo que sucede en Córdoba y que cada uno elabore sus conclusiones.
“ El fiscal Carlos Matheu venía investigando las consecuencias que provocan las fumigaciones con glifosatos. El año pasado halló pesticidas irregulares en frutas y verduras del Mercado de Abasto e imputó, entre otros, al intendente de la ciudad. Este año hizo lo mismo después de allanar nuevamente el mercado.
El tema de justicia socioambiental, salud pública, comenzó con el caso de Ituzaingó Anexo. A raíz de la fumigación aérea que se realizaba los vecinos denunciaron casos de cáncer. Actualmente superan los 200 casos, hay numerosos casos de leucemia, muchos problemas con los embarazos interrumpidos y con los niños recién nacidos. Existen más de 70 personas muertas. En este caso se detectó que fumigaban en forma aérea y que había endosulfán y glifosato. Se investigó y se imputó el delito y se elevó la causa a juicio contra los dos productores agropecuarios y contra el fumigador aéreo. Y esa causa luego -con todas las pruebas que eran contundentes porque habían visto la matrícula de la aeronave que fumigaba y demás- se elevó a juicio y el juez la sobreseyó.
¿Qué argumentó el juez?. El juez dijo que nadie había visto el momento preciso en que la aeronave largaba la estela con el agroquímico. El fiscal Matheu apeló inmediatamente la resolución, por cuanto la prueba era más que harto suficiente y probaba la fumigación. Actualmente la causa está en la Cámara de Apelación para decidir su acusación o el sobreseimiento del juez. Esa resolución va a ser un icono porque, de quedar firme, va a ser la primera causa de la jurisprudencia argentina que va a juicio contra productores agropecuarios por fumigar en forma aérea con agroquímicos violando la ley.
Teniendo en cuenta que hay más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja en el país, y que las fumigaciones o pulverizaciones son algo habitual ¿no es extraño que esta causa pueda ser la primera?. ¿No llama la atención que no se advierta una política de persecución criminal hacia este tipo de delitos?. Fumigar con agroquímicos no es una actividad ilegal, pero hay que desarrollarla cumpliendo con los parámetros permitidos.
¿Qué sucedió con la causa del Mercado de Abasto?
Sobre un muestreo de más de 30 mil muestras existentes, lo que llamó la atención es que en la pesquisa se tomaron 16 muestras al azar, y de esas 16 se obtuvieron nueve positivas. Lo cual, si hacemos la proyección, es más del 50%.
Lo que nos da la pauta de que hay un verdadero descontrol en la utilización de agroquímicos por parte de los productores.
Y luego se confirmó el análisis, al detectarse esta sustancia “clorperifos” que es un insecticida poderoso, fosforado, que produce malformaciones neuronales, distintos tipos de cáncer, es proclive a estimular cánceres hematológicos. Un producto que en EEUU está prohibido por la EPA (Agencia de Protección Ambiental), y en la Argentina ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) lo prohibió directamente por su peligrosidad en los productos domisanitarios, que son los utilizados por ejemplo para los matacucarachas.
Sin embargo para el Senasa está en la categoría de clasificación toxicológica 2, considerado como moderadamente peligroso. Ese producto se encontró en la espinaca, la acelga y la lechuga.
El hallazgo de clorperifos en la espinaca, la acelga y la lechuga trajo como consecuencia la imputación de tres productores frutihortícolas del cinturón verde, por delito de envenenamiento doloso de sustancias alimenticias. También la imputación a las máximas autoridades delSenasa delegación Córdoba, por omisión de los deberes de funcionario público. También se imputó por esto mismo al director de Ferias y Mercados y por distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. Y se imputó al propio intendente de la ciudad. Fue acusado por abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
El intendente Giacomino alegó que se lo imputó equivocadamente debido a un “error conceptual” y que la responsabilidad es del Senasa.
El Senasa no cumplió con la obligación de efectuar los controles que por ley debe hacer.
El propio Senasa, a través de la resolución 42 del año 2008, puso en funcionamiento el Sicophor, que es el sistema de control de pesticidas en frutas y verduras frescas en los mercados mayoristas. Esa resolución obliga a los centros regionales del Senasa a controlar los plaguicidas. Por otro lado, la resolución 148, del año 2007, también dictada por el Senasa, obliga a todos los administradores de establecimientos frutihortícolas administrados por municipios o provincias, a implementar un plan de monitoreo para detectar la presencia de plaguicidas prohibidos, no autorizados o que excedan el límite permitido en las frutas y verduras frescas que se vendan en esos establecimientos. Son dos obligaciones concurrentes para ambos, los dos están obligados a efectuar estos controles y ninguno los cumplió.
No hay ningún error conceptual, está en la ley.
La causa fue elevada a juicio por la fiscalía de Matheu en Córdoba y ya estando la acusación en trámite se recusó al fiscal de la causa, porque el juez de control hizo lugar a una de las partes, al abogado del director de Ferias y Mercados de la municipalidad. El doctor Arias Cabral. Se argumentó que en el año 95/96 lo había iniciado un jury de enjuiciamiento. En aquel entonces el fiscal Carlos Matheu imputó a quien era en ese momento secretario de la lucha contra el narcotráfico, Julio César Aráoz, y Aráoz presento la denuncia, en la que Arias Cabral firmaba como patrocinante (fue archivada).
Estas cosas suceden dentro del juego procesal.
Después de tantos años, más de 14, aparece un abogado tratando de sacar a Matheu de la causa. No obstante la causa ya está con una acusación y en manos de otra fiscal. Resta solamente que el juez de control Agustín Espina Gómez decida si confirma o no la solicitud de elevación a juicio contra todos estos imputados. Y si no la confirma, la fiscal que ahora lo reemplazaría a Matheu, Liliana Copello, tiene la posibilidad de apelar la causa, que está muy bien probada, los elementos probatorios son muy sólidos.
En este año (2010) se produjo un nuevo allanamiento al mercado y se encontraron con algo parecido. Hallaron endosulfán en una cantidad superior a la autorizada para la lechuga. Para el Senasa el endosulfán se puede utilizar en la lechuga hasta un porcentaje mínimo de 0,1. Y se encontró el doble. Hubo una nueva imputación contra las mismas personas anteriores y otros productores frutihortícolas. Pero también se encontró endosulfán en acelga, que en ese caso directamente está prohibido.
Y volvieron a recusar al fiscal Matheu.
El mismo abogado lo volvió a recusar y Matheu rechazó la recusación y a su vez recusó al juez de control Espina Gómez, por cuanto entendió que actuó sin la imparcialidad debida en esta causa. Y el fundamento es que en la causa anterior, el trámite de recusación prevé una audiencia y ofrecimiento de pruebas para quien es recusado. El juez resolvió hacer lugar al pedido de recusación del abogado Arias Cabral, sin darle la posibilidad a Matheu de ofrecer pruebas y contrariar el pedido de recusación. Se lo privó de ese derecho y eso es graveporque denota un beneficio procesal para la otra parte y denota la falta de imparcialidad.
Desde el 1 de enero de 2008, fecha en que era obligatoria la implementación del Sicophor, no se realizaron nunca controles para establecer si había restos de plaguicidas. Por parte del municipio, nunca. Y aisladamente hubo uno o dos controles por parte del Senasa en esos dos años. Absolutamente insuficientes.
¿No les resulta duro pensar que podemos estar comiendo alimentos con veneno?.
Y así es. Las frutas y las verduras son fundamentales para el ser humano, habida cuenta de los nutrientes que tienen. Pero debemos consumirlas libres de venenos que nos pueden producir a mediano o largo plazo alguna enfermedad tan grave como el cáncer.
Muchachos, estamos hablando de delitos contra la salud pública.
¿Cómo es posible que no haya una Ley Nacional de Agroquímicos que contemple figuras penales específicas?
El Senasa, que es el encargado de controlar la aplicación de agroquímicos, que autoriza la venta de los mismos, está integrado por representantes de las Confederaciones Rurales Argentinas, de la Federación Agraria Argentina o la Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, entidades que tienen un interés comercial en todo este asunto.
Si el ente que tiene facultad de controlar los agroquímicos está integrado por entidades con intereses, esto conspira contra una real independencia en cuanto a las decisiones que deberían tomarse en resguardo de la salud de la población. El Senasa en su directorio tiene a entidades privadas interesadas en la materia; habría que rever esto. Habría que rever también el método que se utiliza para clasificar un producto toxicológico. El Senasa los categoriza como 1 A, 1B, 2, 3, 4, y tiene en cuenta nada más el estudio que se hace sobre la base de la intoxicación aguda, pero debería replantearse eso y tomar como parámetro cuál es el efecto que produce en la intoxicación crónica.Este parámetro no se tiene en cuenta.
Hoy por ejemplo para el Senasa el glifosato está en la clase toxicológica 4. Sin embargo para Europa y EEUU está en la 2. Incluso ahora lo recategorizaron y está en el 1B.
Los europeos están consumiendo productos orgánicos porque son menos peligrosos”---
¿También lo harán los de Senasa, el intendente, la Sociedad Rural y los jueces argentinos?
Hay que difundir estas cosas, compañeros, hay que concientizar a la sociedad. No podemos ni debemos permanecer en silencio, ocultando lo que sucede. Hay que exigirles a los legisladores que se preocupen y ocupen de elaborar leyes (y hacerlas cumplir a rajatabla por todos, incluidos los políticos) porque para gambetas están los jugadores de fútbol.
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